Deivis Eliecer Cerrud

PANAMA AMERICA

EL COBRO del impuesto de circulación, unos B/. 30, es más importante para los municipios que la seguridad de las personas que conducen.La interpretación de una norma de tránsito ha llevado a las autoridades a sacar su propio librito. Si bien es cierto, el nuevo Reglamento de Tránsito contenido en el Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2006, que entró a regir en enero de 2007, tiene deficiencias, en su Artículo 236 establece la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de vehículos.Y si esto es así: ¿por qué las autoridades distritales siguen sin aplicarlo?

El tesorero del Municipio de San Miguelito, Fernando Hernández, dice que la ley obliga al dueño del vehículo a sacar el seguro, pero no a ellos como autoridad.

Actualmente en el distrito no se le exige al dueño del vehículo que lo asegure para la entrega de la placa.

“No voy a dejar mis ingresos por cumplir una ley que no me está obligando a mí”, argumentó.

Según cifras del departamento de Registro Vehicular, hay 65, 768 vehículos inscritos. No hay registros de vehículos asegurados.

Hernández asegura que no está infringiendo la ley.

“Por lo pronto yo no puedo hacer eso porque los ingresos se me van al piso”.

“UN COMPROMISO”

En el distrito de Panamá la historia es casi la misma. Allí al momento del pago del impuesto de circulación y retiro de la placa se le hace firmar una declaración jurada al contribuyente para la adquisición de un seguro en el término de un mes.

No obstante, no se le da seguimiento, tal como aseguraron varios ciudadanos.

Tres conductores, quienes prefirieron reserva, confesaron que recibieron la placa y aún no entregan la copia de la póliza, desde hace más de un mes.

En el documento de Declaración Jurada, a la que tuvo acceso este diario, se recuerda el artículo 355 del Código Penal, referente al Delito de Falso Juramento, cuya pena de prisión es de 1 a 5 años.

Bolívar Rodríguez, jefe del Registro Vehicular del Municipio de Panamá, coincide con el tesorero de San Miguelito en que la ley sobre seguro obligatorio no está reglamentada.

Sostiene que el actual decreto no señala quién debe exigir el seguro y en ninguna ley lo dice, pero sabe que está la obligatoriedad.

De acuerdo con cifras proporcionadas, en el municipio hay 400 mil vehículos registrados, pero son 300 mil los activos.

Mensualmente el promedio de 2 mil 700 carros nuevos y sólo en el 2006 fueron 32 mil, entre nuevos y usados.

“MEA CULPA”

Armando Fuentes, director nacional de Registro Vehicular de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), reconoce que el nuevo reglamento de tránsito tiene deficiencias.

No tiene procedimiento para cumplir la obligatoriedad y el seguro es de responsabilidad determinada.

Esto significa que es un seguro que se tiene que demostrar la culpabilidad para cubrir los daños.

Por ello se realizará una reforma legislativa, para imponer sanción a quien no tenga seguro obligatorio, además se establece el procedimiento.

Fuentes alega que los tesoreros municipales ven lo importante de sus ingresos en la compra de la placa.

“Pero no lo ven importante de que ellos tienen que garantizar, en base al principio de autoridad pública, aspectos de seguridad”.

Cuestionó diciendo: “los municipios están interpretando la norma, pero deben ver la seguridad de las personas”.

“No vemos porque un municipio va a decir olímpicamente, yo no voy a cumplir la ley, porque eso es lo que están diciendo de otra forma”, lamentó.

A lo que el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, secundó lo dicho por su tesorero y respondió que hay un problema integral, con factores económicos, de seguridad y falta de coordinación.

“Somos respetuosos de las leyes, pero también hay una realidad de orden financiero”, resaltó la autoridad.

Indica que se han dado reuniones porque la ley está, pero tiene problemas en su implementación.

Mientras tanto, el próximo 13 y 14 de agosto las autoridades distritales en todo el país se reunirán para tratar varios temas, entre ellos, la implementación del nuevo decreto.

En el Municipio de Panamá se informó que con la nueva norma que maneja el Ministerio de Gobierno se especifica claramente la responsabilidad de las tesorerías de exigir el seguro obligatorio.

Lo que sigue siendo un misterio es la fecha de reforma.

ACTIVIDAD

· 10 compañías aseguradoras están autorizadas para vender seguros de autos, cuyo costo es entre B/. 135 y B/. 140.

· Unos 230 mil vehículos a nivel nacional, tienen seguro obligatorio, del parque vehicular de cerca de 600 mil, según cifras de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

· Eso representa cerca del 35% de los seguros.

FUNCIONARIOS NO DOMINAN EL TEMA

El ex director de la ATTT, Carlos Harris, consideró que en el seguro obligatorio se hace lo que quieren las aseguradoras, porque en la institución no hay funcionarios que dominen la materia de seguros.

Dijo que desde el pasado mes de marzo le entregó al director del Registro Vehicular copias de varias de las normas que rigen este seguro en Europa, especialmente en España, pero nada se ha hecho.

Recordó que la implementación del seguro obligatorio existió desde 1949 hasta 1960, cuando las empresas aseguradoras, lograron la eliminación por no considerarlo un negocio tan lucrativo como los otros tipos de seguros.

Indicó que la modificación del artículo 236 debe incluir una multa para el propietario que circule sin seguro y el vehículo sorprendido debe ser sacado de circulación.

“En esta forma los municipios no podrían a discreción de ellos, como lo están haciendo, exigir el seguro o no”, expuso.

Según cifras de la Superintendencia de Seguros, el monto de las pólizas de vehículos a mayo de 2007 fue de B/.44,960,578,42, mientras que B/.31,761,852,69 al mismo periodo del año anterior. El incremento fue del 41.56%.

El monto a mayo que las aseguradoras pagaron en los accidentes fue de B/.18,149,734,14.

Los daños a terceros son frecuentes.

Articulo cortesia del Panama America.

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